Hacia dónde va Crowdlending IV: Colaboraciones Público-Privadas con plataformas de Crowdlending

Hacia dónde va Crowdlending IV: Colaboraciones Público-Privadas con plataformas de Crowdlending
Rate this post

Hacia dónde va Crowdlending IV: Colaboraciones Público-Privadas con plataformas de Crowdlending

 

Colaboraciones público privadasLos modelos de asociación económica entre el Estado (o cualquier otra administración pública) y una o más empresas privadas (colaboraciones Público-Privadas o PPP[1]) ya existen desde hace mucho tiempo en el sector financiero. ¿Pueden las empresas de crowdlending participar de ello y generar beneficios para todos los actores?

El sector financiero ha sido uno de los sectores considerados estratégicos por parte del Estado para establecer colaboraciones con el sector privado. La preocupación de trasfondo del Estado ha sido el acceso al crédito por parte de las PYMES: un mayor y mejor acceso al crédito permite a las empresas ser más competitivas, aprovechar oportunidades de crecimiento y ulteriormente crear empleo.

Para el sector público, invertir recursos para que el crédito a las empresas aumente supone una ganancia neta, no solo en términos sociales sino incluso económicos, al generarse mayor actividad económica y aumentar la recaudación fiscal.

Estando de acuerdo con esta política ¿podemos considerar a las plataformas de Crowdlending como actores legítimos para ser la parte privada en estas colaboraciones Público-Privadas?

Desde Arboribus pensamos que sí. Si queremos maximizar el impacto de estas políticas deberían incorporarse progresivamente en la parte privada otros actores distintos a los que tradicionalmente han ocupado este lugar (bancos principalmente). Una vez se disponga de un historial mínimo que demuestre la eficacia y competitividad del nuevo modelo de financiación, las plataformas de crowdlending deberían tener la misma legitimidad para ocupar la posición que ocupan hoy monopolísticamente las entidades financieras.

Aquí dejamos algunas ideas que pensamos que se empezarán a tratar muy pronto en nuestro país:

  • Préstamos ICO canalizados a través de plataformas de crowdlending: Al igual que los bancos, las plataformas de crowdlending deberían poder canalizar fondos públicos en forma de préstamo a las PYMES. ¿Hay precedentes? En Inglaterra ya se canalizaron ₤ 55 millones a través de plataformas de crowdlending en el 2013. ¿Y cual ha sido el balance? Incentivación de la competencia en el sector financiero y mejores opciones para las PYMES.
  • Crowdlending avalado o asegurado por entidades públicas o mixtas: Tanto las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) que avalan préstamos bancarios (avales financieros), como entidades mixtas como CESCE[2] que aseguran operaciones bancarias de factoring, deberían acabar incorporando entidades y operaciones de crowdlending.
  • Fondos públicos ociosos invertidos en empresas locales: Hoy por hoy, en los Ayuntamientos, Diputaciones, Gobiernos Autonómicos o corporaciones de capital público, es habitual que gestionan sus puntas de tesorería invirtiendo en depósitos bancarios a plazo o cuentas corrientes remuneradas. ¿Nos podemos imaginar que parte de estos fondos se inviertan en forma de préstamos en empresas locales a través de Crowdlending? Puede parecer controvertido, pero bien gestionado y superadas las trabas legales, los beneficios podrían ser enormes: rentabilidad por encima del 6% para los fondos públicos, mejora de la competitividad empresarial, creación de empleo y aumento de la recaudación de impuestos municipales.

El imparable camino hacia la “normalización” del crowdlending en nuestra sociedad, además de una regulación específica que actualmente está en fase final de aprobación u otras medidas como el establecimiento de incentivos fiscales para inversiones en crowdlending, será también necesario que los acuerdos banca-entidades públicas vayan abriéndose a otros actores para potenciar un doble objetivo final: (i) generar mayor competitividad en el sector financiero y (ii) mejorar la oferta de inversión y financiación a inversores y empresas.

[1] Abreviatura en inglés de “Public Private Partnership”.
[2] CESCE es una empresa de capital mixto, con mayoría del Estado (50,25%) y participación de bancos (45,85%) y compañías privadas de seguros españolas (3,9%); actualmente existe un proyecto de privatización de la entidad. Como ejemplo de una SGR, AvalMadrid, que actúa en la comunidad que su nombre indica, tiene como socio protector a la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid con cerca del 47% del capital suscrito (a 31/12/2013).

 

Escrito por Josep Nebot, cofundador de Arboribus

 

email

About the author  ⁄ Arboribus

No Comments

Mediante el envío de mis datos personales confirmo que he leído y acepto la política de privacidad!